Abogados De Extranjería En Sevilla Denuncian "expulsiones Exprés" De Inmigrantes A Su Salida De Prisión

Le expulsaron de España a mediodía del pasado 4 de noviembre. Le montaron en un barco y le dejaron, sin pasaporte, en la frontera de Ceuta. Después de cumplir 2 condenas completas y pasar diez años en la cárcel, este viejo vecino de Lora de Estepa (Sevilla), de 35 años, ha sido devuelto a su país de origen, Marruecos, y no va a poder poder volver en diez años a zona Schengen. Es "el pan de cada día" de los abogados del turno de oficio de extranjería en Sevilla, que denuncian la imposiblidad de acogerse a otros supuestos que prevé la ley y que pueda dar alguna posibilidad de reinserción como prevé, sin ir más allá, la Constitución Española.

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A esta personas concretamente, como a tantos otros, se le aplicó el artículo 57.2 de la por haber sido sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. "Ha cumplido sobradamente con la justicia y hasta las últimas consecuencias ¿es que siempre y en toda circunstancia estará condenado?", se pregunta su 'padre de acogida', Enrique Priego, vecino de Pedrera. "Cada vez podemos hacer menos, por el hecho de que están delimitando y acotando; cuando no es la ley, son los propios tribunales, y cada vez nos dejan menos margen de actuación, normalmente es muy rápido; ha cumplido su condena y si sale de prisión es por el hecho de que está rehabilitado", explica la letrada que le fue asignada de oficio, Mercedes Portillo.

La resolución de expulsión, a la que ha tenido acceso este periódico, apenas menciona la inaplicación de las salvedades del artículo quinientos setenta y cinco de la citada ley, que la letrada entiende aplicable a este caso, ni las circunstancias personales del extranjero, que en este caso es ser padre de hija española. El precepto al que menciona su letrada dispone que "la sanción de expulsión no podrá ser impuesta" a menos que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54.1a, es decir, "participar en actividades contrarias a la seguridad nacional". La resolución apunta que "los hechos declarados probados en las sentencias condenatorias revelan (...) una amenaza real y suficientemente grave para el orden público".

"¿Qué peligro para la seguridad nacional tiene este hombre? Existe jurisprudencia suficiente para que no se aplique ese artículo quinientos setenta y dos a un preso común", lamenta. La letrada apunta que ninguno de los delitos con lo que este marroquí ha cumplido las condenas presentan un riesgo de orden público y se pregunta por qué razón a los españoles no se les aplica medidas tras el cumplimiento de una condena penal. La resolución arguye que "no acredita actividad laboral desde octubre de 2005" (cuando entró en la cárcel) y que "no acredita singulares vínculos económicos con nuestro país", aunque no menciona que este hombre tiene una hija nacida en España.
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Como hemos dicho, el caso de este marroquí (A.E.S.) no es aislado, puesto que aluden a estas situaciones y similares otros compañeros del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante (SAOJI) de Sevilla. "Desgraciadamente es el pan nuestro de día a día para los abogados del turno de oficio de extranjería", cuenta la letrada, que lamenta que estas personas son "un par de veces condenados por lo mismo". Si las medidas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social, como dice la Constitución, no parece que ese objetivo se cumpla en un caso así y en otros con penas menos graves. "Este hombre ha cumplido con creces su delito", insiste.

Si no ratifica la demanda, se archiva

Para Gonzalo Álvarez-Ossorio, organizador del SAOJI de Sevilla, "esto viene siendo algo frecuente desde hace un par de años, ya antes no pasaba tanto" y las órdenes de expulsión sobre extranjeros condenados que salen de la cárcel son más usuales ahora. En otros lugares depende también del grupo policial que toque, incluso del juzgado, llegado el momento. "En muchas ocasiones es un procedimiento exprés", señala. La abogada Mercedes Portillo comenta que "nuestro Código Penal está dirigido hacia la reinserción social del criminal y, desgraciadamente, no se está viendo así, sino más bien como una ley sancionadora".

En ese sentido señala en su demanda contra la resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que ninguno de los hechos por los que fue condenado "consisten en participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden dañar las relaciones de España con otros países, o bien estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de veintiuno de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, tal como establece el citado artículo 54.1a de la citada Ley de Extranjería. "A todos y cada uno de los extranjeros condenados les abren expedientes de expulsión, entonces ya vamos a ver", sentencia.

La letrada explica otra circunstancia y es que "las demandas por la vía contenciosa se están señalando para en dos años. Si llega a gestionarse pronto, tarda 15 días la primera providencia. Si lo expulsan, como es el caso, se impide que les representemos como abogados del turno de oficio porque nos obligan a que el extranjero ratifique frente a los tribunales el apoderamiento a favor nuestro. Si no está , no puede ratificar el nombramiento y, como no ratifique, la demanda se archiva directamente. Es una grave indefensión".

José Luis Guerrero, otro abogado del turno de oficio de Sevilla, apunta asimismo que en esté campo de extranjería "todos son tratados como delincuentes, no como supuestos" y que "hay casos horribles todos y cada uno de los días", con "atropellos a los derechos esenciales". En relación con una reciente cliente extranjera cuenta la historia de que su esposo, que vivía cerca de Donetsk (Ucrania), procuró reagruparlo aquí en Sevilla cuando empezaron los problemas en aquel país. "Se les negó la reagrupación por dos veces y el hombre tuvo que venir de forma irregular y solicitar asilo para conocer a su hijo, ya tras haber nacido". Y augura, en esa línea, que "van a procurar compensar el cupo de asilados que está ahora por venir con el máximo número de expulsiones".

Una emigración de tantas

Mas la historia de A.E.S. se empieza a contar desde el principio. Con trece años decidió desamparar su país y se embarcó en la aventura europea. Oculto en la rueda de un camión, apareció en la sierra de Ronda (Málaga) y fue llevado al centro de acogida urgente de menores desamparados Talita-Kum, de Sevilla, cerrado más tarde en mil novecientos noventa y nueve. Trasladado a Pedrera, aquel joven fue uno de tantos que trabajó en la construcción y empezó a formar una familia lejos de sus orígenes.

Su familia de primera acogida, al igual que su abogada, han tratado en los últimos días de eludir que fuera expulsado. Había cumplido íntegramente sendas sentencias en tres prisiones andaluzas (Huelva, Sevilla y Morón de la Frontera) por intento de asesinato sobre su cuñado y violencia sexista sobre su expareja, de nacionalidad de España, con quien tiene una hija en común, de ahora 14 años.

El cuatro de noviembre cumplía una condena (de nueve años y 7 en meses en conjunto). Un mes antes, el Ministerio del Interior le comunicó que en cuanto consiguiera la libertad, debería salir de España. Desde ese momento, dos intentos de suicidio. "En Marruecos no le espera nadie, no tiene raíces familiares, aquí tiene su casa. Siempre le han rechazado los permisos para salir provisionalmente de la cárcel", afirma Enrique Priego, su padre de acogida. Al tener antecedentes penales, no le renuevan el permiso de vivienda, comentan asimismo desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, lugar desde el que apuntaron que quizás la única vía de lucha para que pudiera quedarse sería el hecho de tener una hija española.

Enrique Priego asimismo mostró su extrañeza por el hecho de que no consta en los registros de entrada su reciente paso por el Hospital Virgen del Rocío para que le curaran de los cortes que se hizo a sí mismo en cuello y muñecas al saber su irresoluble destino, como que ya no le dejasen visitarle en la prisión Morón hace unas semanas. "Le hemos visitado cada vez que hemos podido pero el último día no me dejaron pasar", lamenta. Su expareja ha tratado de quitarle la patria potestad y su hija no ha tenido contacto con él en todo este tiempo de privación de libertad al no disponer de autorización para esto, explica su 'padre de acogida'.

Las últimas horas las pasó en el Departamento de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional en Blas Infante, en la capital hispalense, aguardando desde los calabozos una orden procedente de la villa de Madrid para trasladarlo a Algeciras o bien a Ceuta. "Estaba muy nervioso", comenta Enrique Priego, mientras aguardaba a que se resolviera su recurso contra la orden de expulsión que se le había impuesto, pero la medida cautelarísima no llegó. Ahora han contactado con él en Tanger.